La situación económica que desde hace años se vive en nuestro país ha obligado a afrontar fuertes procesos de reorganización de casi la totalidad de los sectores productivos y que han pasado, la mayoría de ellos, por importantes reestructuraciones de los recursos humanos de las empresas.

El sector sanitario no ha sido ajeno a la estos procesos. Se ha hablado mucho los recortes en el sector sanitario público pero las reorganizaciones empresariales que se están llevando a cabo en el ámbito sanitario privado no han sido objeto de la misma atención mediática, a pesar de que afectan a una gran parte de la población de Cataluña que hace uso de manera habitual.

Uno de los paradigmas que más ha cambiado es el de las relaciones entre los médicos titulares de centros o consultas médicas y las entidades aseguradoras del ramo de la enfermedad, muchas de las cuales tienen estrechas relaciones con entidades financieras o forman parte de grandes multinacionales del sector y que comúnmente conocemos como mutuas. Estas relaciones se rigen por contratos, algunos de ellos verbales, y otros por escrito pero negociados deprisa y corriendo, a los que el médico, sin ninguna fuerza negociadora se adhiere para poder constar en los cuadros médicos y poder presentarse ante el asegurado-paciente como un médico concertado con la mutua.

Esta situación de debilidad del profesional ha provocado grandes bolsas de precariedad en las relaciones entre médicos y mutuas que se ha traducido en una endémica tensión a la baja de las retribuciones de los médicos y, en los últimos años, con la toma de decisiones de ciertas entidades de seguro de prescindir, de manera unilateral y sin ninguna justificación médica de los servicios de un numeroso grupo de médicos de la provincia de Tarragona, profesionales, en algunos casos con más de 30 años de servicio en estas compañías y que con su nombre, prestigio y dedicación contribuyeron al buen nombre de la mutua y ven ahora como se prescinde de sus servicios.

El perjuicio creado a los profesionales por estas resoluciones contractuales es elevado pues, además de la disminución de sus ingresos, se añade la necesidad, en muchos casos, de tener que hacer frente a los gastos derivados de inversiones en aparatos o locales; inversiones efectuadas en la confianza de que la relación con la mutua perduraría en el tiempo y permitiría su amortización.

Aunque, desde una perspectiva estrictamente legal estos contratos de prestación de servicios podrían ser resueltos en los términos que lo hacen las mutuas, entendemos necesario aplicar criterios morales y éticos que ayuden a ponderar los intereses en conflicto, es decir, hay que proporcionar los lícitos intereses de lucro de los agentes intervinientes con los inconvenientes que las exclusiones de los cuadros médicos provocan a la población asegurada.

 

Es por eso que:

Entendemos que los cuadros médicos de las mutuas tienen que ser tan amplios como sea posible con objeto de que el derecho a elegir al profesional que más se adapte a las necesidades y expectativas del paciente sea efectivo.

Entendemos necesario introducir, en el modelo relacional entre las mutuas y los médicos, elementos de ponderación que permitan compensar los equilibrios de fuerzas entre los agentes intervinientes que necesariamente tienen que pasar por el establecimiento de canales de comunicación y diálogo que permitan el traslado de problemáticas concretas y busca de soluciones individualizadas.

El COMT es consciente de la situación en la que se encuentran los profesionales que prestan servicios en los asegurados de las mutuas y cree necesario articular los medios de participación internos a través de la creación de una sección colegial, para que se pueda canalizar el sentir del colectivo afectado y , con los límites que imponen las leyes, emprender aquellas actuaciones que se crean oportunas para hacer visible su situación y proponer aquellas medidas que se consideren adecuadas.



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